ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

miércoles, 9 de agosto de 2017

"El 'mundo global' de Nuño" (Revista Proceso, 6 de agosto, 2017)


John M. Ackerman

El pasado 11 de julio Aurelio Nuño anunció que la solución mágica a los problemas de México se encontraría en la ampliación de la cantidad de horas dedicadas a la enseñanza del inglés en las escuelas públicas del país. De acuerdo con su plan maestro, a partir de 2020 todos los niños egresarían de la primaria perfectamente bilingües, hablando español e inglés.

En un momento particularmente emocionante de su discurso, el secretario de Educación Pública –alguien que apenas mastica el inglés– exclamó que la enseñanza de este idioma sería más importante que casi cualquier otra materia, ya que es la única forma en que “México podrá insertarse con eficacia en el mundo global”.

El “pequeño detalle”, como diría Cantinflas, es que la afirmación de Nuño carece de sentido alguno, ya que el “mundo” es siempre y por definición “global”. Asimismo, la “inserción” de México en este “mundo global” es un hecho que no depende en absoluto del idioma que hablen sus ciudadanos. Al parecer, habría que recordarle a Mister Nuño que nuestro país no se encuentra en la Luna, sino en el planeta Tierra y por ello está automáticamente “inserto” en el mundo.

Así que la gran pregunta sobre el futuro de México no es cómo mejor “insertarnos en un mundo global”, una frase que carece de sentido u originalidad, sino cómo relacionarnos mejor con las otras naciones y pueblos del planeta.

Vale la pena abordar el tema de fondo: ¿Es el aprendizaje del inglés la clave del éxito internacional de México? Y en particular, ¿vale la pena dar prioridad a esta materia por encima de otras áreas de aprendizaje, como las matemáticas, el español, la música, las lenguas indígenas o el pensamiento creativo y crítico?


Si el objetivo principal del sistema educativo es producir mano de obra barata al servicio del capital estadunidense la respuesta sería afirmativa, desde luego. Desde este punto de vista, México necesita urgentemente que sus obreros puedan leer los manuales escritos en Seattle así como obedecer las órdenes emitidas por sus nuevos jefes de Houston y Nueva York.

Esta miserable lógica entreguista es la que predomina en el gobierno federal y en las mentes de todos los “líderes” del PRIANRD. Sueñan con desaparecer a México, y en particular al terrible estorbo de los millones de mexicanos dignos y conscientes, para “integrarse” plenamente en América del Norte. De ahí surge el servilismo más absoluto del gobierno de Enrique Peña Nieto hacia Donald Trump con respecto a la construcción del muro fronterizo, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el maltrato hacia los migrantes mexicanos residentes en los Estados Unidos y la política exterior hacia Venezuela.

Pero quienes soñamos con un México fuerte, soberano y justo tendríamos que apostarles a otras vías para fortalecer a la nación.

Específicamente, los dos aspectos que deberían ser prioritarios en el sistema educativo nacional serían la creatividad y el pensamiento crítico. Los países que logran avanzar en el mundo contemporáneo son aquellos que invierten en la formación integral de la inteligencia y la sensibilidad de sus poblaciones, no los que priorizan la enseñanza de un idioma en particular.

Lo que hace falta no es aprender a decir “yes sir” sin acento, sino liberarnos del malinchismo tan arraigado entre las élites políticas, empresariales e intelectuales del país, con el fin de construir nuestro propio camino al éxito a partir de las grandes fortalezas culturales, históricas y económicas de México.

Antes de aprender a masticar el inglés, nuestros niños primero tendrían que conocer la historia de México, así como saber leer, escribir, crear y criticar en español. Los estudiantes también tendrían que hacer deporte, aprender a tocar algún instrumento, saber debatir inteligentemente sobre la situación política nacional y conocer las tradiciones y las lenguas de los pueblos indígenas. El aprendizaje del inglés no hace daño, desde luego, pero es un gran error colocarlo como el eje vertebral del nuevo sistema educativo.

Si en México habláramos un idioma poco conocido mundialmente, quizás tendría sentido dar una alta prioridad al aprendizaje de lenguas extranjeras. Sin embargo, habría que recordar que el español es hoy el tercer idioma más importante en el mundo, con 350 millones de hablantes nativos. Solamente el chino mandarín y el hindi cuentan con más hablantes nativos.

Hablar español, el idioma de nuestros primeros colonizadores, ya nos da acceso al “mundo global” tan admirado por Nuño.

Lo que hace falta hoy no es aprender el idioma del nuevo imperio, sino dirigir la mirada hacia adentro para promover un renacimiento integral de la enorme creatividad y profundidad de todos los mexicanos a partir de una verdadera reforma educativa diseñada e implementada de la mano con los maestros, los alumnos, los padres y las madres de familia en toda la República.

@JohnMAckerman

lunes, 10 de julio de 2017

"Hacia la ciudadanización del derecho electoral" (Revista Proceso, 9 de julio, 2017)



John M. Ackerman

Una de las razones por las cuales predomina la impunidad más absoluta en materia electoral es por la burocratización y la partidización de la justicia electoral. Si realmente queremos romper el nefasto ciclo de simulación y de fraudes constantes en México, habría que habilitar a los ciudadanos para que puedan participar directamente en los procesos de vigilancia y evaluación de los comicios. 

Actualmente, el derecho electoral mexicano acota de manera estricta e inaceptable el papel de la ciudadanía. Somos convocados a las urnas para votar, prestamos mano de obra gratuita al INE sirviendo como funcionarios de casilla, y podemos fungir como silenciosos “observadores ciudadanos” de los procesos de conteo, pero formalmente no contamos con la “personalidad jurídica” necesaria para exigir un recuento de la votación o impugnar directamente los resultados fraudulentos. 

Ello no implicaría problema alguno si las instituciones electorales cumplieran con su espíritu original de ser organismos ciudadanos, independientes y autónomos. La histórica reforma electoral de 1996, que sentó las bases para la supuesta “transición democrática” en México, le apostó a la ciudadanización de los órganos electorales con el fin de acabar con los fraudes constantes. 

Desde la casilla electoral hasta la máxima instancia de dirección, el Consejo General del IFE, la autoridad sería dirigida y vigilada por ciudadanos independientes. El IFE también contaría con autonomía plena tanto de los partidos políticos como de las instituciones gubernamentales para poder cuidar las elecciones con total independencia y objetividad. 

Pero aquel sueño de ciudadanización hoy se ha convertido en una oscura pesadilla de burocracia, simulación y corrupción. Los consejos generales, tanto del INE como de los institutos locales, ya no cuentan con autonomía ni espíritu ciudadano alguno. Hoy casi todos los consejeros rinden homenaje al poder y se hacen de la vista gorda frente a las violaciones legales. 

Asimismo, cada día los partidos del régimen corrompen e intimidan con mayor descaro a los ciudadanos funcionarios de casilla. En el Estado de México, hubo una avalancha de denuncias tanto de amenazas como de sobornos en contra de quienes tenían que contar los votos el pasado 4 de junio. Los partidos del Pacto por México también suelen formar sus cuadros desde temprano en las casillas para poder colocar a sus más fieles militantes como escrutadores en el caso de que algún funcionario faltara a su labor el día de la elección. También hubo graves deficiencias en la capacitación de los funcionarios de casilla en el Estado de México, evidenciadas por los numerosos casos de conteos amañados y actas irregulares. 

Frente a la traición de las instituciones electorales a su espíritu ciudadano, nos toca a la sociedad volver a tomar la batuta. Por ejemplo, desde la iniciativa #NiUnFraudeMás (www.niunfraudemas.org), y con el imprescindible apoyo del Lic. Julio Ortiz, entregamos la semana pasada dos recursos jurídicos especiales que buscan limpiar la pestilente elección del Estado de México. 

Por un lado, realizamos una solicitud de acceso a la información pública contenida en todas y cada una de las boletas electorales utilizadas en la elección. Ello con el fin de realizar un recuento ciudadano autónomo e independiente para verificar, o en su caso rectificar, el conteo oficial. Fundamentamos nuestra solicitud tanto en el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como en jurisprudencias y casos claves resueltos anteriormente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Electoral del Distrito Federal y la Corte Constitucional de Alemania. 

Por otro lado, sometimos a las autoridades un “Juicio Especial en Materia Electoral” que solicita la nulidad del eventual “triunfo” de Alfredo Del Mazo por violaciones graves a los artículos constitucionales 39, referente a la soberanía popular, 40, referente a la República representativa y democrática, y 41, referente a la celebración de elecciones libres y auténticas. 

Esta sería la primera vez en la historia de México en que un grupo de ciudadanos se haya atrevido a cometer el sacrilegio de impugnar legalmente los resultados “oficiales”. De acuerdo con la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y su homólogo en el Estado de México, los ciudadanos estamos formalmente y cínicamente excluidos del proceso de impugnación. 

Sin embargo, ninguna ley secundaria se puede colocar por encima de la Constitución. Específicamente, la redacción excluyente de las leyes de medio de impugnación viola nuestro derecho constitucional a la tutela judicial efectiva protegida por el artículo 17 de la CPEUM. Y el artículo 6 del Código Electoral del Estado de México incluso dice que “los ciudadanos y los partidos políticos son corresponsables de la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral”. ¿Pero cómo podremos los ciudadanos cumplir con esta responsabilidad legal si no tenemos acceso a los tribunales electorales? 

Para responder a esta pregunta los tribunales forzosamente tendrán que tomar en cuenta el Artículo Primero de la CPEUM que establece el principio “pro persona” lo cual obliga a todas las autoridades del país a recurrir siempre a la ley y la interpretación más favorables para la protección de los derechos humanos. 

Para bien o para mal, el marco jurídico mexicano ahora permite que ciudadanos sin partido, los mal llamados “independientes”, participan en los procesos electorales. Sin embargo, la tarea más propiamente ciudadana de vigilar e impugnar los resultados electorales sigue cerrada a la sociedad. 

Una ruta de salida al actual ciclo vicioso de fraudes y simulación es con la recuperación el espíritu original de las reformas electorales de los noventas permitiendo el acceso ciudadano a la justicia. Quedamos a la espera de la respuesta de los tribunales a los recursos presentados por #NiUnFraudeMás. 

Twitter: @JohnMAckerman

lunes, 26 de junio de 2017

"No la merecemos" (Revista Proceso, 25 de junio, 2017)


John M. Ackerman

¿Los mexicanos merecemos esta desgracia? 

Fue el francés ultraconservador ­Joseph de Maistre, un filósofo y activista que combatía frontalmente los logros de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, quien hizo famosa la frase de “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”. De la misma manera, los machos suelen justificar las inaceptables e indignantes agresiones sexuales a las mujeres echando la culpa a las víctimas por su manera de vestir o su forma de caminar. 

Todos los días somos testigos de una multitud de acciones de protesta, de movilización y de valentía de parte de periodistas, estudiantes, maestros, candidatos honestos y activistas sociales a lo largo y ancho del país. Todos los días millones de mexicanos se levantan a trabajar y a llevar sus hijos a la escuela, aun sabiendo que no recibirán un salario justo o una educación de calidad como se merecen. Y todos los días miles de niños y niñas sueñan con un mejor futuro, aun sabiendo que la narcopolítica está acabando con su país. 

No somos nosotros, las víctimas, sino los dirigentes del PRIANRD los responsables de la situación actual. En particular, el Partido Revolucionario Institucional ha traicionado su propio nombre destruyendo las instituciones, traicionado la revolución y desmantelado el sistema de partidos. Una enorme ola de hipocresía, cinismo y mentiras ha inundado la Nación. 

Todo se encuentra de cabeza y nada es como parece ser. Hoy se defiende la institucionalidad democrática cuestionando frontalmente a los corruptos e ineptos que tienen secuestrado al Estado, se enaltece los valores sociales de la Revolución Mexicana repudiando a los dos partidos políticos que llevan “revolución” en su nombre y se fortalece el sistema de partidos respaldando al único instituto político que no se define como un partido sino como “movimiento”. 

Si México fuera un país democrático, quizá podríamos dar algún crédito a la idea de que los mexicanos seríamos masoquistas que buscan el dolor y gozan del sufrimiento. Pero en el contexto actual de fraude institucionalizado e impunidad estructural, solo alguien totalmente desubicado podría afirmar que se respeta la soberanía popular en México. Para muestra, véase la falta de celebración alguna de parte de los supuestos votantes del PRI a partir del anuncio de la “victoria” prefabricada de Alfredo Del Mazo como Gobernador del Estado de México. 

También llamó la atención el silencio absoluto de las casi 60 empresas encuestadoras registradas para elaborar encuestas de salida y conteos rápidos durante la elección del 4 de junio en el Estado de México. Evidentemente sus resultados daban como ganadora a Delfina Gómez, pero fueron silenciadas y censuradas por el cada vez más repudiado narcogobiernoespía

El caso de Roy Campos, de Consulta Mitofsky, fue particularmente escandaloso. Después de que su encuesta de abril le dio una clara ventaja a Gómez, Campos de repente se refugió en el silencio más sepulcral. Se negó a dar a conocer los resultados de su encuesta de mayo (y simultáneamente acusó cobardemente y falsamente a un servidor de haber confeccionado una versión de esa encuesta que había sido filtrada por periodistas de la fuente). Finalmente, a pesar de haber jurado que presentaría los resultados de su encuesta de salida a las 8 PM la noche de la elección, Campos de repente decidió guardar sus resultados y esconderse de las cámaras. 

Sin explicación alguna, el Instituto Electoral del Estado de México también decidió de última hora reducir de 5,204 a 3,324 el número de paquetes electorales abiertos durante el conteo distrital. Aun así, a partir del recuento parcial la supuesta ventaja de Del Mazo sobre Gómez se redujo de 3 a 2 por ciento. En algunas casillas recontadas los votos para Del Mazo sufrieron una reducción drástica, como en la Casilla 2836 Básica donde un servidor pudo observar personalmente como la cantidad de votos para el candidato del PRI pasó de 640 a 81. Uno puede imaginar fácilmente la cantidad de mañas hoy escondidas dentro de los 15,281 paquetes no abiertos. 

En estas mismas páginas (http://ow.ly/WBrX30cMhcN), ya hemos explicado algunas razones por las cuales el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si realmente fuera autónomo, tendría que anular la eventual entrega de la constancia de mayoría a Del Mazo. Pero como sabemos que la independencia de las instituciones electorales no es más que un “mito genial” (Pedro Aspe dixit), hay que pensar simultáneamente en otras estrategias para hacer valer la soberanía popular. 

Los ciudadanos no merecemos la desgracia que vivimos, pero sí tenemos una parte de la culpa. Por ejemplo, en el Estado de México cualquier ciudadano de cualquier entidad federativa pudo haber registrado como observador electoral independiente, pero muy pocos lo hicieron. 

La elección presidencial de 2018 es demasiada importante para dejarla en manos de las instituciones realmente existentes. Asimismo, el reto es tan grande que tampoco podemos dejar en manos de Morena toda la responsabilidad de cuidar la elección. 

El fraude no solamente constituye un agravio en contra del candidato defraudado sino también en contra de toda la sociedad. Los ciudadanos libres tenemos la obligación histórica de movilizarnos de manera masiva a lo largo y ancho de la república no solamente para votar sino también para defender la autenticidad del sufragio ciudadano en 2018. De lo contrario, podemos estar seguros de que volverán a robarnos la esperanza. 

Dante acertó cuando escribió que “los lugares más calientes de infierno están reservados para aquellos en tiempos de crisis moral mantienen su neutralidad”.  Si la Nación vuelve a cubrirse en oscuridad no será la culpa de López Obrador sino de todos aquellos que se hayan quedado en las gradas observando la carnicería sin levantar un solo dedo. 


Twitter: @JohnMAckerman

domingo, 11 de junio de 2017

"Nulidad necesaria" (Revista Proceso, 11 de junio, 2017)

John M. Ackerman

La grave violación a los principios constitucionales en materia electoral en el Estado de México se encuentra a los ojos de todos. Si el conteo definitivo del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) da como “ganador” a Alfredo del Mazo, la elección tendría que ser anulada por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Y si el TEPJF se niega a cumplir con su mandato legal, se debe acudir inmediatamente a los tribunales y las instancias internacionales. 

En cualquier elección con una diferencia reducida entre el primero y el segundo lugar, las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de llevar a cabo una revisión minuciosa no solamente de la pulcritud del conteo oficial sino también de las condiciones generales en que se desarrolló el proceso electoral en su conjunto. Específicamente, habría que determinar hasta que punto los votos emitidos por los ciudadanos hayan sido el resultado de una decisión “libre” y un proceso electoral “auténtica”, de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución, o si hubo manipulación excesiva al electorado o violaciones legales generalizadas durante el proceso. 

A partir de la avalancha de denuncias recibidas por medio de la plataforma de #NiUnFraudeMás (www.niunfraudemas.org), así como la cobertura realizada por los medios de comunicación nacionales y locales, sabemos que hay por lo menos cinco maneras en que el proceso electoral en el Estado de México violaría estos principios constitucionales. 

En primer lugar, se desplegó una intensa y costosa campaña política-electoral en beneficio de Del Mazo y contra Delfina Gómez durante los tres días de “veda” antes de la jornada electoral. Durante los días 1,2 y 3 de junio, se repartieron cientos de miles de volantes en todo el Estado de México, se enviaron mensajes de texto de manera masiva y se tapizaron las redes sociales y las páginas de internet con propaganda electoral. Esta campaña electoral encubierta, pero absolutamente transparente, atacaba la candidata de Morena y también intencionalmente engañaba a los votantes con la propuesta de votar simultáneamente por PT y Morena, acción que anula el voto, para “sacar al PRI”. 

Más allá de quien haya sido legalmente “responsable” por estas acciones, algo que las autoridades tendrían que investigar de inmediato, es un hecho irrefutable que esta campaña benefició a Del Mazo. Es decir, el candidato del PRI contó con tres días más de campaña que Gómez. Y el hecho de que estos tres días fueron justo antes de la jornada electoral aumentaría aún más su impacto sobre los resultados electorales. 

En segundo lugar, durante el proceso electoral se desplegó uno de los operativos de compra y coacción del voto más grandes en la historia de México. Multitudes de votantes fueron transportados desde otras entidades federativas para votar en el Estado de México. Afuera de casi todas las casillas electorales se encontraban grupos de personas tomando lista y presionando a los votantes. Con base a chantajes y amenazas, se movilizaron maestros, enfermeras, doctores, transportistas y grupos de choque a favor de Del Mazo. El día de la elección fluyeron enormes cantidades de dinero, en efectivo y por medio de tarjetas bancarias, para comprar las voluntades de miles de votantes. 

En tercer lugar, durante la jornada electoral y los días anteriores se aplicó una estrategia de guerra psicológica de miedo en contra de los militantes y los representantes de Morena y toda la sociedad. La combinación de llamadas telefónicas amenazantes, colocación de “ofrendas” sangrientas en las puertas de oficinas de Morena, el levantamiento de representantes de ese partido, la circulación de oficios apócrifos del IEEM (alertando sobre posibles actos de violencia) y de la FEPADE (citando ciudadanos a comparecer por supuestamente haber cometido algún delito electoral), el robo de urnas y el allanamiento por policías estatales del hotel donde pernoctaban los dirigentes de Morena en el municipio de Tejupilco, en su conjunto forman parte de una evidente estrategia concertada de generar pánico entre la población con el fin de desalentar la participación ciudadana en los comicios. 

En cuarto lugar, hubo graves problemas con la organización de las mesas directivas de casilla y la capacitación de los funcionarios de casilla. A las 9:50 de la mañana el día de la elección, casi dos horas después del inicio de la jornada electoral, solamente 57% de las casillas se habían instalado. La cantidad de funcionarios electorales “tomadas de la fila”, sin ninguna capacitación y muchas veces con gran sesgo partidista, seguramente fue enorme. Ello quizás explica porque hubo tantas irregularidades con la recepción del voto, el conteo de los sufragios y el llenado de las actas. 

Extrañamente, la mayor parte de los supuestos “errores” de conteo afectaron negativamente a Gómez y ayudaron a Del Mazo. Por ejemplo, se ha detectado la práctica generalizada de anotar los votos de Morena en el renglón del PANAL y viceversa. También se ha reportado que el PRI ofreció grandes cantidades de dinero a funcionarios de casilla en zonas opositoras para que intencionalmente permitan la comisión de infracciones que podrían anular la votación en sus casillas. En general, la evidencia apunta al despliegue de una perversa estrategia de cooptación y de infiltración de las mesas directivas con el fin de manipular los resultados electorales. 

Finalmente, existe un muy probable rebase del tope de campaña electoral de parte de la campaña de Del Mazo. Además, solo un ingenuo imaginaría que la campaña del PRI no haya violado el principio general de que el financiamiento público debe predominar sobre el financiamiento privado. Los enormes recursos que se requirieron para llevar acabo cada una de las cuatro estrategias arriba mencionadas tendrían que haber salido de alguna parte. Es responsabilidad de las autoridades electorales investigar y sancionar esta evidente violación a la ley. 

Los magistrados electorales han anulado elecciones donde se han presentado irregularidades mucho menores a las aquí resumidas. Por ejemplo, apenas hace unos meses no dudaron en retirarle el triunfo a Morena en la elección para la Presidencia Municipal de la ciudad de Zacatecas. Falta ver si los jueces electorales tuvieran la valentía y la autonomía necesarias para aplicar los mismos criterios cuando se trata del primo del Presidente de la República, o si de una vez todo México tendría que mandar todos los magistrados “al diablo”. 

La anulación de una elección no es ninguna tragedia, sino todo lo contrario. Implica la posibilidad de un renacimiento democrático con la celebración de nuevos comicios. Los mexiquenses merecen una oportunidad de elegir a sus gobernantes en paz y libertad. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2119
(c) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 29 de mayo de 2017

"Más allá de la indignación" (Revista Proceso, 28 de mayo, 2017)

John M. Ackerman

La absoluta descomposición del país es evidente para cualquiera dispuesto a abrir los ojos. 

Las ejecuciones de los corresponsales de La Jornada en Sinaloa y Chihuahua, Javier Valdéz y Miroslava Breach, así como de los activistas Miriam Rodríguez, en Tamaulipas, y Miguel Vásquez, en Jalisco, constituyen un macabro mensaje dirigido hacia todos los mexicanos que buscamos un mejor país. Y el secuestro del periodista Salvador Adame, en Michoacán, las amenazas en contra de Juan Manuel Partida, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, y el asesinato del hijo de la periodista Sonia Córdova, en Jalisco, confirman que absolutamente nadie está a salvo frente a la ola de violencia criminal fomentada y protegida desde las más altas esferas del poder político y económico del país. 

Pero en lugar de atender la grave crisis humanitaria y democrática, las autoridades mexicanas prefieren indignarse y mandar sus “sentidos pésames” a Inglaterra por los ataques en Manchester, así como “exigir enérgicamente” el respeto a los derechos humanos en Venezuela. 

Estas hipócritas cortinas de humo ya engañan a muy pocos. El pueblo mexicano paga altos salarios a sus autoridades públicas para que se preocupen en primero lugar por los grandes problemas nacionales y los resuelvan. Los asuntos internacionales son importantes, pero no deben fungir como distractores de las tareas principales de nuestros gobernantes. 

La situación nacional se agrava cada día no por una falta de capacidad institucional o de presupuestos públicos, sino por una total ausencia de voluntad política. 

En México, el “terrorismo” no lo ejercen fundamentalistas religiosos al servicio de un Estado extranjero, sino las redes criminales que controlan simultáneamente los aparatos gubernamentales, las obras privatizadas y el narcotráfico. Ya no hay una separación clara entre las esferas públicas y privadas o entre el crimen organizado dentro y fuera del gobierno. 

En este contexto, ¿tiene sentido seguir gritando “¡Justicia ya!” a las puertas de las oficinas gubernamentales supuestamente a cargo de llevar a cabo las investigaciones correspondientes? ¿Es útil presionar a las autoridades a fin de que tomen medidas para prevenir futuros ataques a periodistas y defensores de los derechos humanos? 

Cada día este tipo de acciones lucen más ingenuos. La destrucción de la institucionalidad democrática bajo el mando de los narcogobiernos actuales es tan completa que la única esperanza para salir del presente infierno se encuentra en nosotros mismos. 

La autogestión, las redes de solidaridad, la lucha social y la organización comunitaria son nuestras rutas hacia el rescate nacional. Solamente así podremos superar el miedo y rebasar la enorme vulnerabilidad en que los poderes económicos y políticos nos han colocado a todos. 

Pero para ser realmente efectiva, la autogestión social también debe tener una salida política. La “resistencia” a secas debe transformarse en la conquista de la justicia y el poder gubernamental. El aguante debe traducirse en acción, y el estoicismo en indignación. 

El pueblo mexicano necesita urgentemente un poco de oxígeno para respirar. El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, ya ha recetado a todos los capitalinos una muerte lenta a partir de los históricos niveles de contaminación registrados en las últimas semanas. Si seguimos por el mismo camino de destrucción institucional, las esperanzas y los anhelos democráticos de todo el pueblo mexicano tarde o temprano también morirán por asfixia. 

Es tiempo de sacudir el miedo, romper las reglas, tomar las calles, conversar con los vecinos, atiborrar las urnas, convencer a los colegas y gritar juntos “¡Ya basta!”. El gran pueblo mexicano merece más, mucho más, que este infierno. 

Todos tenemos la responsabilidad histórica para poner nuestro granito de arena. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso, No. 2117
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 15 de mayo de 2017

"¿Gonorrea o sífilis?" (Revista Proceso, 14 de mayo, 2017)

Emmanuel Macron, el nuevo presidente de Francia
John M. Ackerman

A los franceses no les dio gonorrea, sino sífilis. Perdió la elección presidencial la neo-fascista, Marine Le Pen, pero ganó el banquero neoliberal, Emmanuel Macron. Como un espejo de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos del año pasado, los franceses también fueron obligados a elegir entre dos representantes del viejo régimen. Así como Bernie Sanders fue derrotado por Hillary Clinton en las elecciones primarias del Partido Demócrata, el representante de las nuevas esperanzas ciudadanas en Francia, Jean Luc Mélenchon, también fue eliminado en la primera jornada de votaciones. 

La buena noticia, sin embargo, es que en ambos países hubo un relevo importante con respecto al liderazgo dentro de las fuerzas de izquierda. Específicamente, la vieja “socialdemocracia” hipócrita y burocrática, representada por Clinton y Francois Hollande, sufrió una derrota histórica en ambos países. 

En Francia, el candidato del partido político de Hollande, el llamado “Socialista”, recibió únicamente seis por ciento de la votación en la primera ronda de la elección presidencial. Nunca antes en la historia reciente había recibido una votación tan baja el partido del Presidente de la República en funciones. En contraste, Mélenchon recibió una histórica 20% de la votación en la primera vuelta y llegó a apenas 500 mil votos de pasar a la segunda vuelta. 

Macron es un político joven, de 39 años, pero con ideas antiguas y trasnochadas sobre los poderes mágicos del capital financiero y la supuesta superioridad de la “civilización europea”. Dos de sus propuestas más importantes, por ejemplo, son reducir drásticamente las prestaciones laborales de los trabajadores franceses y aumentar significativamente el gasto militar y de seguridad nacional. 

La victoria de Macron en la segunda vuelta entonces no responde a que el joven “tecnócrata” cuente con un gran respaldo popular, sino solo a que los franceses no son tan fácilmente engañados como los estadounidenses por las mentiras y los sofismos del neo-fascismo mundial representado por Donald Trump y Le Pen. La larga historia de luchas populares y el sólido compromiso de los franceses con el racionalismo funcionaron como antídotos efectivos en contra del elitismo y el racismo de la hija de Jean-Marie Le Pen. 

Afortunadamente, el mandato de Macron no será fácil. El nuevo Presidente no cuenta con un partido político propio que lo respalde y es muy probable que en las próximas elecciones para la Asamblea Nacional ganen importantes posiciones las fuerzas de la oposición, sobre todo de la nueva izquierda liderada ahora por Melénchon. 

Ahora bien, la coyuntura política en México se compara favorablemente con las situaciones en Francia y los Estados Unidos. 

Por un lado, de manera similar a Estados Unidos y Francia, los candidatos que representan el “status quo” o el “sistema” muy probablemente también recibirán un fuerte voto de castigo en México. Así como los ciudadanos enviaron un mensaje de repudio a Clinton en 2016 y a Hollande en 2017, en México en 2018 la coalición gobernante, el PRIAN, necesariamente también sufrirá un terrible revés en las urnas. 

Por otro lado, en México no tendremos que conformarnos con una elección entre sífilis o gonorrea: entre Margarita y Osorio, o Anaya y Videgaray, por ejemplo. A diferencia de Francia y los Estados Unidos, existe la certeza de que el equivalente mexicano a Sanders y Mélenchon, Andrés Manuel López Obrador, aparecerá en la boleta electoral para la votación final y definitiva que tendrá lugar el domingo, 3 de junio de 2018. Ya no queda tiempo para legislar la “segunda vuelta”, al estilo francés, para las elecciones mexicanas y no hay necesidad alguna para celebrar elecciones “primarias”, al estilo estadounidense, para decidir quien sería el candidato presidencial del partido Morena. 

Un motivo adicional para la esperanza es que la cultura política mexicana en el fondo se parece más a la francesa que a la estadounidense. Nosotros tampoco somos tan fácilmente engañados por demagogos de derecha. Siglos de luchas y de conquistas populares han sembrada una profunda dignidad republicana dentro de las conciencias de todos los mexicanos. 

Ello es lo que explicaría el fracaso estrepitoso de los desesperados esfuerzos de parte de la oligarquía de fabricar una versión mexicana de Trump o Le Pen en México por medio de la figura de las “candidaturas independientes”. Ni Jaime Rodríguez, ni Pedro Ferriz del Con, ni Jorge Castañeda han generado el amplio apoyo ciudadano que se requeriría para ganar una elección presidencial. Y la patética nueva precandidatura de Armando Ríos Piter, miembro de la clase política más rancia de Guerrero del clan vendepatrias de Luis Videgaray, no tendrá mejor suerte. 

La única forma para imponer la peste en México 2018 será entonces por medio de la comisión de uno de los fraudes más grandes de la historia. A los ciudadanos nos toca frenar el atraco. 


Twitter: @JohnMAckerman

lunes, 1 de mayo de 2017

"La mentiras de Del Mazo" (Revista Proceso, 30 de abril, 2017)

Alfredo III, primo de Enrique Peña Nieto y candidato del PRI al EdoMex
John M. Ackerman 

Durante el primer debate entre los candidatos a la gubernatura del Estado de México, el primo de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo Maza, hizo gala de su enorme pobreza analítica y reprobables convicciones autoritarias. Alfredo III demostró ser hijo fiel del Grupo Atlacomulco que ha pisoteado y saqueado este bello estado durante generaciones. 

La afirmación más indignante del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue que la causa principal de la inseguridad en el país sería la “alternancia política”. De acuerdo con el hijo y nieto de exgobernadores del Estado, la mejor forma para acabar con la violencia sería cancelar la competencia política y confiar en los mismos de siempre con la esperanza de que ahora sí vayan a atender las necesidades ciudadanas. 

Pero “un perro viejo no aprende trucos nuevos”, reza el sabio dicho. Solamente la persona más ingenua, o vendida, podría creer que Alfredo III represente algo nuevo. 

Es falso que la alternancia genere inseguridad. El mejor botón de muestra es precisamente la situación actual en el Estado de México. Este ha sido gobernado por el mismo partido desde 1929, año en que se creó el antecesor del PRI, el Partido Nacional Revolucionario (PNR), y es la entidad federativa más insegura en todo el país. 

Durante 2015, se cometieron un total de 6 millones 648 mil 721 de delitos en el Estado de México. Esta cifra es la más alta en todo el país y casi duplica la cantidad de delitos cometidos en la Ciudad de México durante el mismo periodo, y es cinco veces más grande que la cifra para Veracruz, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016 elaborada por el INEGI. 

Casi la mitad de la población del Estado de México, 46%, fue víctima de algún delito durante 2015. Es la tasa de victimización más alta, por mucho, en todo el país. 

90.6% de la población del Estado de México se siente inseguro, y que sólo 39% confía en la policía preventiva municipal. Únicamente las policías de Morelos y de Veracruz generan más sospechas entre la población. 

Se cometen más feminicidios en el Estado de México que en cualquier otra entidad federativa. Entre 2013 y 2015 hubo mil 405 asesinadas, 16% del total de 6 mil 488 ejecutadas en todo el país durante el mismo periodo. Esta realidad escalofriante e indignante refleja un contexto de total colapso del Estado de derecho en esta entidad, gobernado desde hace 88 años, sin alternancia alguna, por el mismo partido político. 

El delito más común en el Estado de México es “Robo o asalto en la calle o en el transporte público” y 67.6% de los delitos son cometidos con portación de arma de fuego. Esta última cifra es más del doble que en Chihuahua, donde sólo 30.5% de los delitos involucran alguna arma, y casi tres veces más que en Veracruz, donde la cifra es de 25.5%. 

No han divulgado las cifras aún, pero es seguro que durante 2016 y 2017 la situación ha ido de mal en peor. 

En suma, los mexiquenses viven hoy en un virtual estado de sitio, rodeado por hombres armados listos para asaltarlos a la primera oportunidad. En el Estado de México la población ha sido totalmente abandonada por una mafia política que prefiere canalizar los recursos públicos a sus amigos constructores, de OHL, HIGA y otras empresas similares, a invertirlos en la seguridad pública o en la construcción de hospitales y escuelas. 

Del Mazo miente. No es la alternancia, sino el control político ejercido por una mafia corrupta PRIANista sobre los gobiernos, estatales y federales, lo que causa la inseguridad. 

Sin embargo, si bien la milenaria dominación caciquil en el Estado de México ha generado una enorme pobreza y una inseguridad lacerante, no ha logrado borrar la dignidad y la consciencia crítica de la población. En la última encuesta del periódico Reforma, más de 40% de los ciudadanos señalaron que jamás votarían por el candidato del PRI. Los mexiquenses repudian a sus verdugos y existe un consenso generalizado que casi cualquier cosa sería mejor que continuar bajo el control despótico y corrupto de los mismos de siempre. 

La alternancia política no resolverá mágicamente los problemas del Estado de México, pero sí es un paso necesario para poder iniciar con la titánica labor de reconstrucción del tejido social, la fortaleza institucional y la esperanza ciudadana en la entidad más poblada del país. 

Sin alternancia, los mexiquenses serán condenadas a seis años más de los mismos gobernantes cínicos y sinvergüenzas que han destruido al estado y a todo el país. Es urgente frenar y dar una lección de humildad a los Duarte, Moreira, Borge, Peña Nieto, Chuayffet, Camacho, Murat, Yunes, Osorio, y Del Mazo´s del país. 

La batalla por la democracia y la dignidad que hoy se está librando en el Estado de México es fundamental como parte de la lucha más amplia a favor de la liberación del país entero del yugo de la muerte, la represión y la corrupción. Si se levantan los mexiquenses, se levantará todo México. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No.2113
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