ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

lunes, 11 de diciembre de 2017

"¿Guerra o paz?" (Revista Proceso, 10 de diciembre, 2017)

John M. Ackerman 

Las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador con respecto a la necesidad de “explorar todas las posibilidades” con el fin de “garantizar la paz y la tranquildad” en México han generado un enorme revuelo entre los telectuales y comentaristas del régimen. Varios funcionarios públicos fieles al narcogobierno, como Miguel Ángel Osorio Chong, Salvador Cienfuegos, Vidal Soberón y Miguel Ángel Mancera, también han aprovechado la ocasión para denostar y atacar al tabasqueño. 

Lo primero que llama la atención es el increíble impacto y difusión que tiene cualquier comentario de López Obrador. Hasta el contenido de un intercambio informal con periodistas después de un mitin en el pueblo de Quechultenango, Guerrero, se ha convertido en noticia nacional e incluso es retomado por publicaciones internacionales de importancia. López Obrador todavía no es siquiera precandidato a la Presidencia de la República, pero los medios de comunicación, y la sociedad en general, ya le da trato de presidente. 

¿Qué es lo que dijo exactamente López Obrador? 

“Hay que hablar con los mexicanos, con todos, y hay que plantearles que necesitamos la paz y que todos podemos ayudar a que haya paz en el país…Vamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar una amnistía, escuchando también a las víctimas, hasta exigir al gobierno de Estados Unidos que lleve a cabo campañas para aminorar el consumo de drogas…No va a quedarse ningún tema sin ser abordado, si se trata de garantizar la paz y la tranquilidad” 

Lo que se destaca de esta declaración es su profundo espíritu humanista. El presidente de Morena no distingue entre “los buenos” y “los malos” mexicanos, ni caracteriza a los delincuentes como “animales salvajes” que habría que eliminar recurriendo a las mismas estrategias que ellos utilizan. Al contrario, eleva la mira y afirma que quiere hablar “con todos” los mexicanos, como seres humanos, para convencerlos a poner su granito de arena con el fin de lograr la regeneración del país. 

Tal y como lo ha afirmado en muchas ocasiones, López Obrador no busca venganza ni divisiones sociales, sino generar un nuevo contexto de unidad nacional. “Olvido no, perdón sí”, es una de sus frases más socorridas. La posibilidad de otorgar “amnistía” (que no es otra cosa que un “perdón” jurídicamente respaldado) a algunas de las personas que hayan cometido delitos en el pasado, en comunicación con las víctimas y a partir de una consulta popular, no implica abrir la puerta a la impunidad sino todo lo contrario. 

La amnistía se aplica exclusivamente a delitos ya cometidos en el pasado y no implica ninguna protección hacia el futuro. Al contrario, normalmente las amnistías se otorgan precisamente bajo la condición de que la persona beneficiada acepte una vigilancia especial en el futuro y se comprometa a jamás violar la ley de nuevo. 

En otras palabras, los psicópatas violentos, que solo quieren más sangre y que hoy laboran tanto dentro como fuera de las instituciones gubernamentales, evidentemente no se beneficiarán en absoluto con la eventual amnistía de López Obrador. Estos sujetos ni siquiera aceptarían las condiciones ofrecidas por el nuevo gobierno. Prefieren el statu quo de impunidad absoluta, no solamente con respecto a delitos pasados sino también hacia el futuro. 

La estrategia de López Obrador es clara. En lugar de intentar “apagar el fuego con el fuego”, quiere debilitar y destruir los tentáculos del crimen que están acabando con la juventud mexicana. La combinación de una amnistía, condicional y consultada con la sociedad, junto con el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que otorgaría 2.6 millones de becas de estudio y de trabajo, rompería de tajo con la actual lógica de “plata o plomo”. 

Hoy el gobierno mantiene un control endeble sobre la sociedad a partir de la corrupción, la violencia y el miedo. En contraste, López Obrador quiere poner en acción las instituciones gubernamentales con el fin de liberar la sociedad a partir de incentivos para estudiar, trabajar y desarrollarse profesionalmente. 

Es decir, el tabasqueño propone acabar con la “guerra” declarada por Felipe Calderón y ratificada por Enrique Peña Nieto. Desde 2006 hasta la fecha, México se ha convertido en un verdadero baño de sangre, con más de 200 mil homicidios y más de 30 mil desaparecidos. El pasado mes de octubre fue el más violento en las últimas dos décadas, con 2 mil 371 homicidios, o más de 76 al día. 

Hoy el régimen PRIANRDista trabaja junto con el crimen organizado para desaparecer estudiantes, robar el presupuesto, censurar a los medios de comunicación y reprimir las protestas sociales. Y respecto al narcotráfico en particular, el gobierno criminaliza a todos por igual, incluyendo los campesinos obligados a cosechar plantíos de droga y los jóvenes forzados a trabajar de halcones para los sicarios. 

Adicionalmente, la militarización de la lucha en contra de las drogas ha generado una “carrera armamentista” en la que los carteles de la droga necesitan conseguir armas cada vez más poderosas y letales, lo cual aumenta significativamente la cantidad de muertos en cada conflicto. Esta situación se volverá más grave en el futuro cercano, ya que Donald Trump ya anunció su intención de liberar el comercio internacional de armas de alto poder fabricadas en Estados Unidos (véase: http://reut.rs/2xrRJwL). 

Lo más absurdo es que, en muchos casos, los mexicanos nos matamos para evitar la cosecha y el traslado de plantas, como la mariguana, que ya se consumen libremente en más de una docena de estados de los Estados Unidos. 

Quienes insisten en seguir por el mismo camino fracasado son quienes están a favor de la violencia y la impunidad. Con sus declaraciones recientes, López Obrador no ha hecho otra cosa que ratificar su compromiso irrestricto con lograr la paz a partir de la modificación radical de la estrategia actual de combate al crimen organizado. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2145
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 27 de noviembre de 2017

"¡Ahí vienen los rusos!" (Revista Proceso, 26 de noviembre, 2017)

Propaganda anti-ruso durante la Guerra Fría
John M. Ackerman

La andanada de acusaciones temerarias con respecto a la presunta "intervención rusa” en las elecciones de 2018 en México tiene el propósito de generar una cortina de humo para esconder la muy real injerencia ilegal que ya se encuentra en proceso desde Los Pinos y los Estados Unidos. Con base en mentiras y datos fabricados a modo, y como si todavía estuviéramos inmersos en la Guerra Fría, voceros del régimen, como Javier Tejado, Gabriel Quadri, Pablo Hiriart, Felipe Calderón, Shannon O’Neil y Fernando García Ramírez buscan sembrar el miedo y fomentar el pánico entre el electorado.

El propósito es alejar a los ciudadanos de las urnas y así perder la oportunidad de lograr un cambio político pacífico durante las próximas elecciones presidenciales.

Históricamente, Rusia y México, sus gobiernos y sus pueblos, siempre han tenido una relación de respeto mutuo. Aun en los momentos más álgidos de la Guerra Fría, en México nunca vivimos la histeria de la "amenaza rusa” o el pánico de "susto rojo” (red scare) donde cualquier persona u obra artística crítica podían ser censuradas por su supuesto apoyo al comunismo. Jamás existió un equivalente mexicano al paranoico senador Joseph McCarthy, quien desde el Congreso norteamericano encabezó una cruzada que arruinó miles de carreras profesionales bajo la mera sospecha de tener algún vínculo con Rusia.

Al contrario, si bien México siempre se ha ubicado firmemente dentro del sistema capitalista y ha mantenido relaciones cercanas con Estados Unidos, antes no permitíamos que las paranoias estadounidenses afectaran nuestras relaciones con otros países. Siempre mantuvimos relaciones diplomáticas con la Cuba revolucionaria, por ejemplo, y México jugó un papel muy importante en la mediación de los conflictos centroamericanos durante los años ochenta, particularmente en El Salvador.

La histórica Doctrina Estrada, o el "principio de no intervención”, surgió precisamente de la necesidad del gobierno mexicano de pintar su raya con respecto a la política internacional intervencionista y neocolonial de Estados Unidos. "Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, reza la frase célebre de Benito Juárez que todo México aprende desde la primaria.


Pero hoy las cosas son diferentes. El canciller Luis Videgaray funge en realidad más como vocero del yerno de Donald Trump, Jared Kushner, que como representante del pueblo mexicano. La posición intervencionista de México con respecto a Venezuela, por ejemplo, ha hecho un enorme daño al prestigio que había acumulado la diplomacia mexicana a lo largo de los años.

Videgaray es uno de los cerebros atrás de la idea de la supuesta "amenaza rusa”. Pero al final de cuentas el canciller no ha podido estropear nuestras relaciones con Rusia de la misma manera en que ya lo ha hecho con las hermanas repúblicas de América Latina. En su visita del pasado 17 de noviembre a Moscú, Videgaray tuvo que aceptar públicamente, tanto en una conferencia de prensa con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, como en una entrevista con RT: "Por nuestra parte no tenemos ninguna evidencia que valide la hipótesis” de una supuesta intervención rusa hacia las elecciones de 2018.

Efectivamente, no existe un solo dato que pudiera constituir siquiera un indicio de una posible intervención desde Moscú. Los supuestos accesos al sitio web del Instituto Nacional Electoral desde San Petersburgo fueron un vil invento, típico fake news, fabricado por el abogado de Televisa, Javier Tejado. Y el hecho de que un servidor tenga una videocolumna semanal con RT en español en internet, no constituye ninguna evidencia de injerencia indebida.

Carmen Aristegui cuenta con un programa en CNN en español y nadie la ha acusado de ser un "agente gringo”. Y un servidor colabora también con la revista Proceso y La Jornada y ofrece entrevistas constantemente a medios internacionales como BBC, France 24, Deutsche Welle, CNN, Telesur y Al Jazeera, pero no por ello recibo instrucción u orientación alguna de parte de los dueños o los editores de esos medios con respecto al contenido de mis participaciones.

El hecho de que numerosos periodistas y comentaristas mexicanos nos hemos visto obligados a recurrir a medios de comunicación internacionales para difundir nuestros reportajes y análisis en México, no habla de alguna intervención extranjera indebida sino de la increíble censura y cerrazón que existe entre los medios comerciales mexicanos. Tal y como vimos recientemente con el caso del despido sumario de Leonardo Curzio, el régimen peñista no tolera ni la más mínima crítica.

Donde sí existe ya una clara intervención extranjera, peligrosa y comprobada, de cara a las elecciones de 2018, es por medio de la firma Cambridge Analytica. Esta empresa es propiedad del multimillonario empresario de ultraderecha Robert Mercer y ha intervenido ya en las campañas tanto a favor del "Brexit” como de Trump. Durante la campaña presidencial estadounidense, Mercer y Cambridge Analytica trabajaron muy cercanamente con el asesor neofascista de cabecera de Trump, Steve Bannon, para manipular las redes sociales a favor del magnate neoyorkino.

De acuerdo con un extenso reportaje del periódico español El Diario (véase: http://bit.ly/2B9DAnU), las técnicas de Cambridge Analytica son las utilizadas históricamente en los "operativos psicológicos” (PsyOps) del gobierno estadounidense con el fin de desestabilizar países extranjeros como un complemento a la intervención militar directa. Ahora la "guerra” regresa a casa. El mismo diario afirma que esta "empresa consultora” ya cuenta con "perfiles psicológicos de 220 millones de adultos norteamericanos con 5 mil rasgos diferentes de cada uno”.

Dolia Estévez, de Sin embargo, ha demostrado que Cambridge Analytica ya se encuentra en operación en México y que ha lanzado convocatorias públicas para integrar su equipo que trabajaría en las elecciones de 2018 (véase: http://bit.ly/2yn1vhF). Estévez también ha evidenciado la llamativa cercanía que existe entre la representante de la empresa en México, Arielle Dale Karro, y el senador calderonista Ernesto Cordero.

No sería la primera vez que los hackers internacionales intervienen en las elecciones mexicanas. Recordemos las confesiones de Andrés Sepúlveda, el colombiano contratado por el consultor Juan José Rendón para apoyar la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012 (véase: http://bit.ly/1SCinFV). Él afirma que logró infiltrar y espiar los sistemas de cómputo de la casa de campaña de López Obrador, así como manipular las redes sociales con miles de bots y cuentas contratadas "para crear falsas oleadas de entusiasmo y burla”.

El verdadero "peligro para México” no se encuentra entonces en la persona de López Obrador o en una fantasiosa "intervención rusa” para 2018, sino en el hecho de que el régimen de oprobio se niega a aceptar su derrota y está dispuesto a recurrir a cualquier medio o estrategia para garantizar su continuidad en el poder. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2143
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lunes, 13 de noviembre de 2017

" 'The Economist' respalda al régimen" (Revista Proceso, 12 de noviembre, 2017)

Imagen cortesía de Polemon.mx
John M. Ackerman

La misma prensa financiera internacional que alabó tanto a Enrique Peña Nieto al principio de su sexenio, fabricando un supuesto “Mexican moment” de modernidad y desarrollo a partir de las “reformas estructurales”, ahora se lanza contra Andrés Manuel López Obrador. Influyentes medios globales recurren una vez más a tesis disparatadas con el fin de legitimar al actual régimen autoritario mexicano, ahora de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2018,

De acuerdo con Richard Ensor, corresponsal en México de la revista británica de corte neoliberal The Economist, hasta el mismo General Lázaro Cárdenas del Río supuestamente repudiaría el “populismo” de López Obrador. De acuerdo con el periodista, quien escribió el pasado 4 de noviembre bajo el pseudónimo “Bello”, el General Cárdenas era un político pragmático que construía instituciones, unificaba el país y se llevaba bien con los Estados Unidos. En contraste, el tabasqueño no es más que un demagogo que divide la nación, mina la institucionalidad democrática y provoca a Trump de manera irresponsable. Ensor remata con una cita de Cuauhtémoc Cárdenasque invita a diferenciar entre la “popularidad” constructiva del General y el “populismo” destructivo de otros líderes.

Ensor en realidad no hace otra cosa que repetir la misma estrategia utilizada por Peña Nieto para supuestamente justificar su reforma energética en 2013. En la exposición de motivos de su iniciativa de modificación constitucional que logró desmontar las conquistas de Cárdenas en la materia, el originario de Atlacomulco escribió con enorme cinismo que “la iniciativa que se somete a la consideración de esa Soberanía se basa en las ideas fundamentales de las reformas del Presidente Lázaro Cárdenas consecuentes con la expropiación petrolera de 1938”. Y remata señalando que “el espíritu de las reformas cardenistas fue nacionalista sin duda, pero también modernizador, visionario y pragmático.”

Los neoliberales están desesperados por presentarse como los verdaderos herederos de próceres de la patria como Lázaro Cárdenas. Basándose en mentiras, quieren arrebatarle de la izquierda el estandarte de la dignidad republicana.

Es cierto que Cárdenas era profundamente institucional, visionario y pragmático. La mentira, sin embargo, reside en la idea de que el régimen actual, y no la oposición obradorista, sería la fuerza política que da seguimiento y continuidad a este ejemplo histórico.

Los revisionistas distorsionan la realidad con fines políticos. Por ejemplo, Ensor escribe que uno de los grandes logros de Cárdenas fue supuestamente haber creado el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En realidad, el partido que creó Cárdenas el 30 de marzo de 1938 no fue el PRI sino el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), un partido de masas firmemente cimentado en el poder popular y la organización social.

El PRI como tal no se creó sino hasta 1946 y nació para repudiar y desarticular las reformas cardenistas. Fue a partir del sexenio de Miguel Alemán Valdés, el primer Presidente emanado del PRI, que se estableció el sistema de autoritarismo neoliberal, de represión estructural y de hipocresía institucionalizada que sigue vigente hasta la fecha. Es falso sostener que el PRI de hoy de alguna manera es una continuidad del cardenismo. La realidad es que ese partido surgió como un abierto repudio al legado del General.

Otra distorsión mal intencionada de Ensor es su afirmación de que supuestamente no existen pruebas del descarado fraude de 2006 y que las protestas de López Obrador en aquel año minaron las instituciones democráticas. El periodista evidentemente no ha revisado los cientos de páginas de la impugnación de la validez de la elección presidencial presentado en su momento a las autoridades electorales por los abogados del tabasqueño. Tampoco ha leído los numerosos libros y artículos escritos sobre el tema desde entonces.

En todo caso, si la elección de 2006 fue perfectamente limpia y democrática, como supone Ensor: ¿Por qué destruir las boletas electorales utilizadas en la elección sin permitir una revisión ciudadana previa de acuerdo con la ley de transparencia, tal y como lo demandaron miles de ciudadanos y la misma Revista Proceso?

También vale la pena recordar que las protestas de López Obrador en 2006 no fueron para obligar a las autoridades electorales a que se le reconociera como Presidente, sino para exigir transparencia. Su demanda principal fue el famoso “voto por voto”, es decir, el recuento total de la votación con el fin de esclarecer los resultados. Los historiadores serios del futuro verán este episodio no como un ejemplo de la supuesta incultura democrática de López Obrador, sino como una muestra clara del compromiso del tabasqueño con la participación ciudadana a favor del funcionamiento transparente de las instituciones públicas.

Finalmente, Ensor también se lanza contra López Obrador por supuestamente andar de “buscapleitos” con Donald Trump. El periodista sugiere que López Obrador haría bien en seguir el ejemplo de Cárdenas, quien fue más conciliador y pragmático en sus relaciones con Washington.

La comparación es francamente ridícula. Franklin Roosevelt, Presidente de los Estados Unidos durante el sexenio de Cárdenas, era un líder inteligente e ilustrado con gran sensibilidad social. En contraste, Trump es un bully ignorante, elitista y racista. Quien no responde a Trump con fuerza es inmediatamente aplastado y humillado, tal y como ha ocurrido recientemente con Peña y Luis Videgaray.

Resulta evidente que la mejor manera de dar continuidad hoy al nacionalismo pragmático de los tiempos de Cárdenas no es con un entreguismo indigno, sino con una firme defensa de la soberanía nacional.

Afortunadamente, no todos los medios internacionales coinciden con The Economist. Por ejemplo, tanto las declaraciones Paul Krugman, columnista del New York Times, sobre López Obrador, así como el reportaje sobre la historia de fraudes electorales en México publicado recientemente en Le Monde Diplomatique, ayudan a equilibrar la opinión pública internacional.

Siempre hay que respetar y fomentar la libertad de expresión y la pluralidad de voces. Pero ello no implica quedarnos callados frente a las evidentes distorsiones malintencionadas que sirven para legitimar al actual régimen corrupto y autoritario.

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados
Publicado en Revista Proceso No. 2141

domingo, 29 de octubre de 2017

"Meade: el chapulín encubridor" (Revista Proceso, 29 de octubre, 2017)

John M. Ackerman

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) nos haría un gran favor a todos los mexicanos si elige a José Antonio Meade como su candidato presidencial para las elecciones de 2018. El Secretario de Hacienda encarna mejor que cualquier otro aspirante la continuidad del sistema PRIANista de corrupción, desigualdad y saqueo. La presencia de Meade en la boleta no dejaría duda alguna con respecto a la disyuntiva central de los próximos comicios: ¿continuidad o cambio?

Meade es hijo de un priísta, Dionisio Meade, y sobrino nieto de uno de los fundadores del PAN, Daniel Kuri Breña. Como buen tecnosaurio, estudió su licenciatura con Luis Videgaray en el ITAM y su doctorado en las escuelas “Ivy League” de los Estados Unidos, siguiendo el ejemplo de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. 

A Meade no le interesan ni la justicia social ni el fortalecimiento institucional. Tampoco es un hombre carismático o atractivo que haya podido construir un liderazgo fuerte o una imagen propia. 

Lo que más caracteriza a Meade es su fiel servilismo hacia el dinero y el poder. Los bancos y la impunidad son sus negocios favoritos. Es precisamente por ello que quienes comulgan con el sistema actual lo ven con tan buenos ojos.

Meade inició su carrera política durante el sexenio de Zedillo, como Secretario Adjunto de Protección al Ahorro en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), institución que fue creada en 1998 para legalizar el enorme fraude cometido bajo el paraguas de su institución antecesora, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Posteriormente, se incorporaría de lleno a los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, como Director General de Banrural, Subsecretario de Ingresos y Secretario de Hacienda, entre otros cargos.


En 2012, Enrique Peña Nieto tomó la sorpresiva decisión de mandar Meade a la Secretaría de Relaciones Exteriores, un cargo para el cual no tenía experiencia o preparación alguna. Fue el único integrante del gabinete de Calderón que gozó de un pase directo a la administración de Peña. Meade cobró así su recompensa por los invaluables servicios que había brindado a Peña Nieto durante su campaña presidencial. 

Meade recientemente confesó públicamente que había votado por Peña Nieto en 2012, aun cuando en ese momento formaba parte del gabinete de un gobierno panista. Esta confesión no debe sorprender a nadie. En realidad, no solamente Meade sino también Fox, Calderón y toda la nomenclatura panista apoyó a Peña Nieto como el candidato que mejor garantizaba la continuidad del régimen frente a la amenaza del lopezobradorismo.

Como Secretario de Hacienda durante la campaña presidencial de 2012, Meade debe conocer como la palma de su mano todos los secretos sobre exactamente como y de donde se financiaban las tarjetas Monex y los otros instrumentos financieros que permitían a Peña Nieto rebasar más de 14 veces el tope de gasto de campaña. 

No hay duda, por ejemplo, de que Meade hubiera tenido conocimiento de las transferencias de Odebrecht y otros similares orquestados por Emilio Lozoya. Meade seguramente también tenía conocimiento de los depósitos triangulados hacia las tarjetas Monex desde el Grupo Comercializador Cónclave, empresa administrada por Rodolfo Dávila, operador financiero del Cártel de Juárez, tal y como lo ha revelado Aristegui Noticias (Véase: http://ow.ly/Y3zD30g8dzD). 

Jesusa Cervantes, reportera de Proceso, ha revelado asimismo que justo antes de dejar la Secretaría de Hacienda en 2012, Meade negoció un importante convenio fiscal con Singapur que facilitaría la fuga de capitales y el lavado de dinero en aquel pequeño pero poderoso país asiático.

Después, como Canciller de Peña Nieto, Meade andaría por el mundo como vendedor ambulante de México al capital financiero internacional. Promovía las “reformas estructurales” como una gran oportunidad para el saqueo de las riquezas del país por las empresas más poderosas del mundo.

Posteriormente, como Secretario de Desarrollo Social, Meade aprovecharía para pactar con los gobernadores más retrógradas y corruptas del régimen. El aspirante presidencial también fue el responsable de presionar al INEGI para modificar sus criterios de medición de los ingresos de los hogares más desfavorecidas para dar la impresión de que el gobierno actual hubiera reducido la pobreza.

Ahora, de regreso a la Secretaría de Hacienda con Peña Nieto, Meade ha sido el autor de los gasolinazos, de los recortes al gasto educativo y del aumento en el gasto militar. También ha dado continuidad a la irresponsable política de endeudamiento extremo iniciada durante el gobierno de Calderón, el cual se ha agravado aún más durante el sexenio actual. Gracias a las gestiones de Meade y Videgaray en Hacienda desde 2010, la deuda pública ahora equivale a 50% del Producto Interno Bruto.

Se la misma manera, son ampliamente conocidas las convicciones ultraconservadoras de Meade en materia social. Es un fundamentalista religioso cercano a Antonio Chedraoui y el Opus Dei que se opone al aborto, el matrimonio gay y la liberación femenina. 

En suma, Meade no es más que un chapulín reaccionario que salta de puesto en puesto haciendo gala de su habilidad con el encubrimiento y el engaño. Meade es la viva imagen de la continuidad del sistema de impunidad, corrupción, desigualdad y entreguismo que ha malgobernado el país desde la creación del PRI en 1946. 

En el contexto actual de despertar ciudadano e indignación generalizada, un candidato como Meade solamente podría imponerse en 2018 por medio de uno de los fraudes electorales más grandes en la historia de la nación.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2139
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

domingo, 15 de octubre de 2017

"El fin del TLCAN" (Revista Proceso, 15 de octubre, 2017)

Caricatura de José Hernández, Revista Proceso
John M. Ackerman

El presidente Enrique Peña Nieto y su canciller, Luis Videgaray, esperaban que, si se arrastraban con suficiente abyección a los pies de Donald Trump, el magnate neoyorquino finalmente les tendría lástima y dejaría intacto su apreciado juguete salinista: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Pero todo parece indicar que la estrategia tapete de los indignos representantes de nuestro mal gobierno terminará en un fracaso histórico para la diplomacia mexicana.

Conforme avanzan las rondas de renegociación, se confirma la sospecha de que el gobierno de Trump nunca tenía el menor interés en “actualizar” o “modernizar” el acuerdo trilateral, sino que solamente busca tiempo para arrinconar y chantajear al gobierno de México con el fin de obligarlo a aceptar términos aún más lesivos y desiguales que la versión actualmente vigente del tratado. En su desesperación por detener la estrepitosa devaluación del peso y evitar un estallido social en el corto plazo, Peña Nieto le entró al juego del ocupante de la Casa Blanca y ahora se encuentra en un callejón sin salida.

Para mantener el TLCAN, Trump exige al gobierno mexicano una serie de concesiones inaceptables que hundirían la economía nacional durante décadas. Propone, por ejemplo, obligar a México a aumentar sus importaciones de bienes y servicios de Estados Unidos, así como fijar en 50% o más el porcentaje requerido de insumos estadunidenses en los productos industriales de mayor valor agregado exportados desde México al país vecino. Washington también busca reservar su derecho a violar el acuerdo de manera unilateral en cualquier momento, por medio de la eliminación del capítulo 19 del tratado, así como incluir una revisión obligatoria de los términos del TLCAN cada tres o cuatro años con el fin de ir ajustando detalles si no se supera el presunto “déficit comercial” de Estados Unidos con México.

Aceptar estos términos convertiría a México en un simple apéndice de la economía estadunidense. Simultáneamente se aumentaría nuestra dependencia del norte y se reducirían los beneficios de nuestro acceso privilegiado al mercado de nuestro poderoso vecino. A cambio de unas cuantas migajas, sacrificaríamos de manera definitiva la posibilidad de desarrollar una verdadera política industrial y de desarrollo agropecuario que pudieran resolver la pobreza y la desigualdad que tanto lastiman hoy al pueblo mexicano.

A Peña Nieto y a Videgaray no les preo­cupa que México desaparezca como Estado soberano. Ellos firmarían cualquier acuerdo con el fin de mantener una semblanza de estabilidad financiera durante los meses previos a las elecciones de 2018.

Sin embargo, el pueblo mexicano no es tonto y podría castigar al gobierno muy fuertemente en las urnas por este acto de alta traición. Así que los vendepatrias también tienen guardado un “Plan B”. Desde ahora preparan la opción de envolverse en la bandera y levantarse indignados de la mesa de negociación del TLCAN con el fin de lucrar políticamente con su propio fracaso diplomático, presentándose como los grandes defensores de la patria frente a la intransigencia del gandalla de la Casa Blanca.

Sin embargo, pocos mexicanos se dejarían engañar por los discursos patrioteros de estos nacionalistas de ocasión. Es demasiado tarde para rectificar. Too little, too late, como dicen los gringos tan admirados por los tecnosaurios que hoy predominan en el gabinete federal. Peña Nieto y Videgaray han dado demasiadas muestras concretas de su abyección al imperio para poder rectificar a estas alturas del partido.

Todos recordamos, por ejemplo, la abierta utilización de los recursos y el prestigio del Estado mexicano para intervenir a favor de Trump durante la pasada campaña presidencial en Estados Unidos, con la invitación al magnate neoyorquino a Los Pinos el 31 de agosto de 2016. El juramento de Peña Nieto en su conversación telefónica con Trump del pasado 27 de enero –de que “el espíritu de mi gobierno es la posición de mi administración, es que las cosas vayan bien para Estados Unidos y que todo vaya bien para su gobierno (de Trump)”– también pinta de cuerpo entero la visión y la ideología del primer mandatario mexicano.

Ya basta de improvisaciones y oportunismos en la agenda bilateral. Tanto el entreguismo servil como el patrioterismo hipócrita lastiman la posición internacional de México y contribuyen al debilitamiento de la economía nacional. Urge una nueva diplomacia firme, serena y capaz, que genere respeto en el escenario internacional.

Con o sin el TLCAN, la relación bilateral entre México y Estados Unidos seguirá. Pero para que esta relación sea productiva y efectiva, para que rinda frutos para México y los mexicanos, hace falta una verdadera interlocución entre iguales. Y una condición necesaria para poder lograr esta igualdad es un gobierno mexicano plenamente legítimo que cuente con el respaldo de su propio pueblo y que esté dispuesto a luchar con los ciudadanos en defensa de la soberanía nacional y la justicia social.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2137
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 2 de octubre de 2017

"Democracia plurinominal" (Revista Proceso, 1 de octubre, 2017)

John M. Ackerman

Sin diputados plurinominales ni financiamiento público para los partidos políticos, el PRI recuperaría su antigua posición como el partido hegemónico de Estado que por sí solo podía aprobar cualquier ley, así como dictar unilateralmente la política nacional desde la Presidencia de la República.

Estas iniciativas no apuntan hacia la liberación ciudadana, sino hacia una esclavitud aún mayor a los mismos políticos corruptos de siempre; las propone el PRI porque le conviene. Quienes quieren expulsar del poder a la vieja clase política deben abrir bien los ojos para evitar ser engañados por estos viejos lobos colmilludos disfrazados de tiernas ovejitas.

Hace 15 días en estas mismas páginas advertimos sobre los peligros de la eliminación del financiamiento público para los partidos políticos (véase: http://ow.ly/q4NV30ft78k). En esta ocasión analizamos la propuesta igualmente engañosa de eliminar la representación proporcional en el Congreso de la Unión.

Hoy la Cámara de Diputados tiene 300 diputados uninominales por distrito y 200 plurinominales por circunscripción. Esta distribución es similar a la que existe en otros países, como Alemania, que buscan establecer un sano equilibrio entre la representación territorial, por un lado, y la fidelidad a la pluralidad social y política del país, por el otro.

Tanto los diputados “pluris” como los “unis” son electos por la ciudadanía. La diferencia esencial entre los dos tipos de representantes es que la votación que se toma en cuenta para calcular los ganadores de los primeros no se limita a un solo distrito electoral, sino que incluye un conjunto, a una “pluralidad” de los mismos.


Los sistemas que no cuentan con representación proporcional desperdician una enorme cantidad de votos. Por ejemplo, si en un distrito el candidato ganador recibe 35% de la votación y los otros contendientes reciben 30%, 25% y 10% cada uno, los únicos votos realmente válidos, con fuerza para determinar quiénes ocuparán curules en la Cámara de Diputados, serán los emitidos a favor del ganador. Los sufragios de 65% de los ciudadanos que votaron en contra del candidato ganador en el distrito correspondiente se quedan sin impacto o influencia alguna.

Pero en sistemas con representación proporcional todos los votos a favor de candidatos perdedores al nivel distrital encuentran una segunda salida al ser tomados en cuenta a la hora del reparto de los diputados plurinominales. De esta manera se evita la exclusión de la voz de millones de ciudadanos.

En las más recientes elecciones para la Cámara de Diputados, las de 2015, el PRI recibió sólo 31% de la votación. Con el sistema mixto actual, el PRI controla hoy 41% de los curules, una sobrerrepresentación de 10%. Pero si no existieran diputados plurinominales, la situación sería aún peor. Por sí solo el PRI ocuparía 53% de los escaños en San Lázaro, 22% mayor a su fuerza real con respecto a la votación popular. Más claro ni el agua.

Para acabar completamente con el problema de la sobrerrepresentación, la vía no sería la eliminación de los legisladores plurinominales, sino todo lo contrario: la eliminación de los uninominales, o de distrito, para quedarnos únicamente con representantes electos con criterios de estricta proporcionalidad.

La enorme hipocresía del PRI queda manifiesta cuando observamos su posición en la Ciudad de México, donde el partido es minoritario, de oposición, que incluso abogó a favor de un aumento significativo, no una reducción, en la cantidad de diputados plurinominales. De acuerdo con la nueva Constitución de la Ciudad de México, a partir de 2018 el Congreso local ya no tendrá 40 de mayoría y 26 plurinominales, sino 33 por cada concepto.

Ahora bien, es cierto que el Congreso de la Unión ha dado la espalda a la población. A partir del “Pacto por México”, los integrantes de las bancadas del PRI, PAN, PRD, PVEM y Panal se han convertido en simples levantadedos que no hacen otra cosa que avalar los pactos cupulares acordados entre los líderes partidistas y el presidente Enrique Peña Nieto.

Pero la eliminación de los plurinominales solamente agravaría el problema, ya que reduciría aún más la fuerza de la oposición en el Poder Legislativo. Con ello habría aún menos rendición de cuentas o transparencia en la discusión y la aprobación de las leyes, así como una reducción en la capacidad fiscalizadora y de control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo.

En lugar de reducir la cantidad de plurinominales al nivel federal, habría que “abrir” las listas de candidatos para que, a la hora de votar, los ciudadanos puedan expresar su opinión a favor o en contra de los nombres incluidos por cada uno de los partidos en sus listas de candidatos “pluris” que se encuentran en la parte trasera de la boleta electoral. Así quitaríamos el control de los partidos sobre el orden de los candidatos en las listas y evitaríamos que fueran electos candidatos impresentables por esta vía, como suele pasar en la actualidad.

Otra propuesta en el mismo sentido, y aún más fácil de implementar, sería distribuir los lugares plurinominales entre los candidatos uninominales que no hayan ganado sus distritos electorales, y en estricto orden de prelación de acuerdo con la cantidad de votos que reciban. De esta manera, absolutamente nadie ocuparía una curul en el Congreso sin haber hecho campaña activamente y dialogado con el electorado.

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Publicado en Revista Proceso No. 2135
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lunes, 18 de septiembre de 2017

"El 'remedio' Kumamoto" (Revista Proceso, 17 de septiembre, 2017)

Pedro Kumamoto y Aristóteles Sandoval pactan su reforma electoral 
John M. Ackerman

La enfermedad es evidente y a los ojos de todos. Cada año México derrocha enormes cantidades de recursos públicos en los partidos políticos y las instituciones electorales. En 2018 los partidos recibirán 12 mil millones de pesos, incluyendo su financiamiento federal y estatal, y el gasto operativo del INE y el TEPJF juntos rebasará 22 mil millones de pesos.

Quienes pagamos impuestos no tenemos por qué mantener a tantos burócratas inútiles y dirigentes corruptos. Sin embargo, el remedio que pactó el diputado "independiente” Pedro Kumamoto con el gobernador priista de Jalisco, Aristóteles Sandoval, es peor que la enfermedad.

La reforma, ya aprobada por el Congreso de Jalisco y avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modifica la fórmula para calcular el monto de financiamiento público para los partidos en el estado. A partir de 2019 la bolsa total, antes de su reparto a cada uno de los partidos, no se calculará en función de la cantidad de votantes inscritos en el padrón electoral sino de acuerdo con la cantidad de votos válidos emitidos en la urna en la elección inmediatamente anterior.

Kumamoto alega que esta reforma ayudará a renovar el sistema político y a acercar a los partidos con la ciudadanía. Pero en realidad ocurrirá exactamente lo contrario.

Primero, la nueva ley incentiva la abstención. Con el fin de "castigar a los partidos” y desde un punto de vista engañoso de "todos son iguales”, los ciudadanos más conscientes ahora cuentan con el pretexto perfecto para justificar la irresponsabilidad ciudadana de quedarse en casa el día de las elecciones.

Mientras, seguirán operando las mismas redes clientelares y delincuenciales de compra, coacción y acarreo del voto de siempre. El resultado será un debilitamiento de la votación para los candidatos ciudadanos e independientes, ya que los medios del régimen se encargarán de "demostrar” que son "iguales” a los demás, y el fortalecimiento de la presencia electoral de los partidos más retrógradas, como el PRI, PAN, PRD y MC, que tienen garantizados siempre sus ejércitos de votantes.

Segundo, la reducción en el financiamiento público favorecerá directamente a los partidos más corruptos. Los partidos del mal llamado Pacto por México no sufrirán mayores consecuencias porque ya reciben ilegalmente una gran parte de su financiamiento del sector privado, o incluso del crimen organizado. Estos institutos políticos compensarán fácilmente la pérdida de recursos públicos con una mayor recaudación entre sus poderosos socios, estableciendo así compromisos aún más profundos de corrupción e impunidad hacia el futuro.

En contraste, la reducción en el financiamiento público afectará gravemente a los partidos cercanos a los ciudadanos de carne y hueso. Por muchas rifas y colectas que se organicen, las pequeñas donaciones individuales jamás alcanzarán para financiar una campaña electoral exitosa en las condiciones actuales.

Nuestro pueblo es demasiado empobrecido y los gastos electorales demasiado elevados. El resultado será la muerte lenta de cualquier esfuerzo político que se propone defender los intereses de quienes no tienen suficientes recursos para comer y mucho menos para donar a un partido político.

El surgimiento de nuevos candidatos supuestamente "independientes” no resolverá el problema, sino que lo agravará. Para poder competir en el contexto actual de fraude estructural, estos candidatos también tendrán que recaudar grandes cantidades de dinero y establecer contactos de alto nivel para tener posibilidades de acceder al poder.

De hecho, la presión financiera y política sobre los "independientes” será aún mayor que sobre los partidos, ya que por definición no cuentan con una estructura organizativa que los respalde ni un emblema ya conocido por la población.

Es precisamente por ello que "independientes”, como Jaime Rodríguez o Juan Bueno Torio, muchas veces resultan en realidad más dependientes de los poderosos que los ciudadanos de carne y hueso –como los Diputados Federales Guillermo Santiago o Araceli Damián– que logran postularse por medio de partidos, como Morena. Los vínculos de Kumamoto con grupos de poder en Jalisco, por ejemplo, lo acercan más a los primeros que a los segundos.

El verdadero remedio al problema del derroche electoral sería una reducción directa al financiamiento público, sin la perversa vinculación con la tasa de participación electoral. Pero esta reforma no funcionará si no viene acompañada también de una correspondiente reducción en los gastos en materia electoral, una prohibición absoluta de recibir cualquier financiamiento privado y una plena ciudadanización de las autoridades electorales.

En otras palabras, hay que establecer un verdadero sistema democrático en que la difusión de los mensajes y las propuestas de los candidatos no tengan ninguna relación con el tamaño de sus carteras y donde los ciudadanos puedan emitir sus sufragios de manera libre y secreta.

También habría que incentivar, en lugar de desalentar, el voto. En México el voto ya es técnicamente obligatorio y también existen sanciones para quienes se abstienen, de acuerdo con los artículos 36 y 38 de la Constitución. Sin embargo, ninguna autoridad se ha atrevido a hacer válida esta disposición por miedo a generar la ira de los partidos del régimen.

Habría que seguir el ejemplo de países como Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay, donde hay verdaderas sanciones para quienes incumplen con su responsabilidad de participar en la decisión sobre quiénes serán sus futuros gobernantes. Ello garantiza una alta participación ciudadana y reduce el impacto de las redes clientelares y la compra del voto.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2133
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